Señor presidente: agradezco a los taquígrafos por haber venido a trabajar; ellos están cumpliendo con su responsabilidad y nosotros también. Nosotros queremos cumplir con la responsabilidad que marca la Constitución, en esta oportunidad, en esta sesión en minoría, pero en definitiva nuestra lucha y nuestro testimonio no tienen por qué ser acallados ni desconocidos.
Estamos hablando del problema más grave que tiene la Argentina: la deuda externa, la deuda pública, que es la causa de muchos de los males que hoy sufren millones de compatriotas. Cuando uno observa las cifras de la pobreza, de la exclusión y de la desigualdad, la deuda explica muchas de estas cuestiones.
Por lo tanto, resulta absolutamente incomprensible que en todos estos años transcurridos desde que se reinició la democracia, este Parlamento no haya tenido un constante cumplimiento de sus responsabilidades acerca de este tema. El Congreso permanentemente delega esta cuestión en el Poder Ejecutivo. Es así como en todos estos años hemos visto cómo la deuda se ha ido incrementando de una manera exorbitante sin tener una contrapartida clara, sin saber adónde van esos recursos y por qué el país tiene que soportar este enorme peso que se agiganta año tras año.
Podemos decir que estos dolores de hoy son las libertades que nos faltan. Tenemos una democracia que no ha alcanzado a abordar determinados temas que parecen tabú. A partir de la gestión del presidente Kirchner surgió un cambio de discurso, dado que empezó a decir que esta era una causa nacional. También en algún momento señaló algo muy claro: que la deuda era un tema clandestino y que ahora estaba saliendo a la luz.
Lamentablemente, en este campo -y muchos pensamos que también en otros- los discursos no son claros y no se compadecen con las acciones concretas. Me refiero a que hace pocos días el Ministerio de Economía, en esta reestructuración de la deuda, ha elevado la oferta final a los bonistas y la ha calificado de secreta. Es decir que ha presentado la propuesta de pago ante la Comisión de Valores de la Bolsa de Nueva York sin que la sociedad argentina ni el Parlamento pudiéramos tener alguna idea de cuál es el compromiso que se está abordando para los próximos años y diría incluso que para las próximas generaciones, ya que se está hablando de emitir bonos con vencimiento a cuarenta y dos años.
Entonces, se sigue reestructurando la deuda sin que medie un debate y se obtura una discusión que es absolutamente necesaria. Sobre esto pareciera que hay un reduccionismo, una suerte de mensaje absolutamente simple en el sentido de que se dice que las deudas hay que pagarlas y punto; que debemos ser un país serio y preservar la seguridad jurídica.
Estas son las cosas que nos «martillan» permanentemente, que no son más que verdades a medias. En realidad, más bien me parece un contrabando de conceptos bastante interesado, bastante ad hoc y bastante sesgado que, como lo voy a demostrar ahora, está absolutamente invalidado por la realidad.
En definitiva, este tema de la deuda está secuestrado de la agenda parlamentaria. En realidad, podríamos decir que la democracia está secuestrada, y para librarse de ese secuestro paga rescate, reestructura, renegocia y acuerda. Pero hasta ahora esos pagos de rescate han sido absolutamente fallidos. El Congreso sigue sin debate; la causa Olmos continúa dormida. En definitiva, seguimos justificando esa ausencia en aquella famosa discusión de que cuando una persona llega al gobierno tiene que pensar en si obra de acuerdo con su convicción o si lo hace de acuerdo con su responsabilidad.
Para mí, escondida detrás de esa supuesta responsabilidad hay una enorme resignación respecto de no abordar este tema, de no enfrentarlo, de no resolverlo o de no disolverlo, de no realizar lo que a mi entender es lo que debería hacerse.
Pienso que los diputados y diputadas que participamos en esta sesión, lo que manifestamos con nuestra presencia es que no estamos resignados, que queremos seguir luchando, que ésta es una verdadera causa nacional y que detrás de todo esto hay un lazo de dependencia que debemos romper. Es preciso que cortemos ese nudo gordiano, pero no de una manera caprichosa sino sobre la base de propuestas concretas; justamente, durante esta sesión se expondrán distintos proyectos alternativos absolutamente razonables, meditados y lógicos.
Me referiré solamente a uno de ellos, una iniciativa que yo presenté para que la deuda contraída por la dictadura sea declarada deuda odiosa o nula. Trataré de explicar a mis pares y a la sociedad, que poco conoce de este tema, que buena parte de la deuda externa argentina califica como deuda odiosa porque cumple tres condiciones básicas.
Primero, una deuda contraída por un régimen de facto, autoritario, sin el consentimiento del pueblo, puede ser reputada como deuda odiosa. Está claro que en el año 1976 hubo un golpe militar, que en ese momento la deuda externa ascendía a apenas seis mil trescientos millones de dólares y que cuando la dictadura dejó el gobierno esa deuda llegaba a cuarenta y seis mil millones de dólares. Es decir que estamos hablando de cuarenta mil millones de dólares tomados por una dictadura sin el consentimiento de los argentinos.
Segundo, esa deuda no fue contraída en beneficio del pueblo. Hay informes de organismos financieros -como el Banco Mundial, por ejemplo- donde se afirma que más del 50 por ciento se puede explicar en la fuga de capitales y otra parte en la compra de armamentos. Ese ha sido el financiamiento de una dictadura que ha violado masivamente los derechos humanos.
Así como en su momento pedimos verdad y justicia para las víctimas de quienes cometieron estos delitos -recordemos que luego de largas luchas y de sesiones más minoritarias que ésta anulamos las leyes de la impunidad-, hoy venimos a solicitar que este Parlamento revise quiénes han tenido responsabilidad en el financiamiento de ese régimen, en la deuda contraída para sostenerlo, y la responsabilidad que le cabe a los acreedores.
Así llegamos a la tercera condición. ¿Sabían los acreedores lo que estaba ocurriendo? ¿Eran acreedores de buena fe? ¿Tenían conocimiento de la existencia de una dictadura? Por supuesto que sí, pero no porque fuera obvio con sólo recordarlo sino porque hay una causa judicial -me refiero a la causa Olmos- que es una de las pruebas más contundentes que puede tener un país acerca de la corresponsabilidad de los bancos y del Fondo Monetario Internacional. También debemos citar la corresponsabilidad de funcionarios argentinos, que en la causa Olmos está muy claramente detallada al mencionarse al señor Dante Simone, asesor del señor López Murphy, quien como representante del Fondo Monetario Internacional auditaba permanentemente el endeudamiento.
Estamos en presencia de una deuda que puede ser calificada como odiosa o nula. ¿Qué pasa con las deudas
odiosas y nulas? No hay que pagarlas, pero esta deuda ya la pagamos. ¿Cómo hacemos?
Aquí viene el artículo 2° de nuestro proyecto de ley, que establece el derecho al resarcimiento por parte del Estado nacional, previa investigación.
Creemos que nos asiste a los argentinos la posibilidad de plantear que todo lo que esta deuda significó en términos de aumento -como no la pudimos pagar tuvimos que contraer nueva deuda-, debe y puede analizarse en términos de buscar la reparación.
Si hay daño, y evidentemente lo hubo -no podemos cuantificarlo y habría que medirlo-, claramente se explica el retroceso de la economía argentina y el empobrecimiento de su población por este condicionamiento de la deuda.
Ahí deberíamos buscar, entonces, un elemento muy importante a la hora de la actual renegociación de la deuda, porque esta no es una tarea histórica; no estamos haciendo antropología ni una autopsia ya que el daño continúa. Ese delito tiene una acción continua porque las condiciones de empobrecimiento las siguen sufriendo millones de argentinos.
Cuando me preguntan de dónde saco esto de la deuda odiosa, si la inventamos o si es parte de un nuevo arsenal de argumentos, quiero mencionar dos casos nada más que son muy claros en lo que significa la declaración de la deuda odiosa.
Uno es el caso de Cuba, el más conocido, de 1898. Cuba se independiza de España, hay una guerra de independencia, Estados Unidos ayuda a Cuba en esta guerra y, perdida la guerra, España reclama a Cuba la deuda. Estados Unidos sostiene que el pueblo cubano no tenía que pagar esa deuda porque había sido contraída para financiar un régimen colonial.
De ahí surge muy claramente este concepto de la deuda odiosa, y vuelve a renacer de una manera impensada a partir de la declaración del presidente George Bush hijo, en el sentido de que la deuda de Irak debe ser perdonada porque es una deuda odiosa y fue contraída por un régimen militar autoritario como el de Saddam Houssein. Ahí empieza toda una serie de gestiones que se encargan a un conocido funcionario de la administración del padre de George W. Bush, James Baker III, para que resuelva y trate de buscar el perdón de la deuda de Irak por ser odiosa.
Incluso -fíjense qué hipocresía- el señor David Muldford, a quien también conocemos aquí por ser un personero de este tráfico de deuda externa argentina, escribe en el «Financial Times» de Londres un artículo pidiendo el perdón de la deuda de Irak porque es odiosa. Ahora sacan esta doctrina; antes no la sacaron, y ahora están hablando de Irak y están tratando de resolver cómo salen de ese infierno.
Además, hay otra cosa fundamental: la deuda de Irak es con bancos europeos, -alemanes y franceses-, y poco les importa defender los intereses del banco, cosa que hicieron muy claramente en el caso de la deuda de Latinoamérica, que estaba contraída básicamente con bancos norteamericanos en la década del 80 por financiamiento a dictaduras en toda América Latina. Esa deuda se pagó, pero no se declaró odiosa.
Hay antecedentes jurídicos muy claros, pero no quiero aburrirlos: está el caso Tinoco, de Costa Rica, e incluso podemos remontarnos a la deuda que Rusia defendió del Imperio Otomano o a la de Francia y la República Malgache.
Hay innumerable cantidad de casos pero me quiero referir a uno solo, que realmente cuando lo leí me pareció de una profundidad y de una conexidad histórica fundamental.
¿Saben cuál es el primer antecedente de declaración de una deuda odiosa? En realidad, no es la de Cuba de 1898, sino la de Perú en 1821. Cuando el general José de San Martín, protector del Perú, organizó institucionalmente a esa República, incluyó en la normativa en vigencia una cláusula que decía que Perú no iba a reconocer las deudas con el gobierno español que hubiesen sido contraídas para mantener la esclavitud en ese país y hostilizar a los demás pueblos independientes de América.
Fíjense qué visión tuvo el Padre de la Patria: el Libertador General José de San Martín. ¡Qué importancia tiene todo eso! Las deudas hay que pagarlas, pero no deben ser pagadas las que son odiosas.
Los argentinos debemos sentirnos muy orgullosos de todos esos antecedentes, a los que podríamos sumar las doctrinas de Drago y de Calvo. Es decir que siempre la Argentina defendió la supremacía de la soberanía de los Estados sobre la soberanía de los acreedores. Lamentablemente, parece que esto nosotros no lo queremos ver.
Pareciera que la única salida que le vemos al tema de la deuda consiste en volver a endeudarnos y hacerla sustentable financieramente para que nos vuelvan a prestar: con endeudamiento o con inversiones extranjeras.
Todo ese cuento de las inversiones extranjeras, sean como fueren, en definitiva abonan la misma filosofía: tener dólares hoy para pagar la deuda. No sé si mañana los tendré o no; tampoco conozco cuál será la tasa de interés ni la ganancia que se va a obtener. Nada importa: «Yo quiero los dólares.»
A partir de todo lo que he comentado resulta que no cuestionamos la matriz mafiosa de la deuda externa argentina, que sabe de complicidades entre acreedores y funcionarios. Han pasado gobiernos militares y civiles. Entre estos últimos, los de Menem o el de de la Rúa. Sin embargo, los funcionarios son los mismos. Esto ya lo he dicho aquí. Además, cuando hablamos de lo que ocurrió en la década del 90 nos olvidamos de Cavallo. ¿Qué pasó? ¿No tuvo nada que ver? ¿No fue responsable de nada? ¿Por qué no efectuamos una búsqueda clara de quiénes han sido los responsables de todo esto? Al no hacerlo, permitimos la impunidad.
Existe tanta impunidad, que ya cuando debatimos el proyecto de ley de presupuesto comenté que la presentación que se hizo ante la SEC por parte de este gobierno para obtener una adecuada reestructuración de su deuda lleva la firma de Carlos Molina, que fue el mismo funcionario que autorizó el megacanje.
Aquí se ha dicho que en definitiva el Parlamento no ha efectuado ninguna declaración sobre este tema en estos últimos años. Es más, algunos sostienen que vía la autorización de los presupuestos se ha convalidado la deuda contraída por la dictadura. Esto es absolutamente falso.
No fue así; y aunque lo fuera, no la convalida. No se puede convalidar un hecho ilícito o ilegal mediante la sanción de una ley. Si el acto es nulo, lo seguirá siendo, y reclamaremos su nulidad aunque esta sesión no pueda concretarse.
Quiero destacar dos leyes que rechazan la deuda que no es legítima y nos dan argumentos muy importantes para hacerlo. Una de ellas es la 23.062, que en su artículo 1° declara que carecen de validez jurídica los actos administrativos, judiciales y legislativos dictados por las autoridades de facto. Esta normativa fue sancionada en 1984. Quizás se refería a la sentencia que cabía sobre Isabel Perón, pero sienta un precedente muy importante y un cambio en la jurisprudencia, porque en primer lugar es el Congreso el que toma intervención en las cuestiones que tienen que ver con la constitucionalidad de las cosas y, en segundo lugar, porque sostiene que es nulo todo lo de atrás.
Los que hablan de derechos adquiridos tendrían que decir que dichos derechos tienen vigencia en tanto y en cuanto se haya respetado el primer derecho de los ciudadanos, que está contemplado en la Constitución. Además, si esa Constitución ha sido violada todos los actos que derivan de esa violación son nulos.
Por último, me voy a referir a otra ley muy importante, que es la 23.854, que rechaza todas las cuentas de inversión de la dictadura.
Entonces, cuando se nos dice que no se puede pelear y que todo está perdido, se trata de una mentira, porque nos contrabandean los conceptos y se tapa la verdad.
Quiero finalizar reseñando lo que ayer dijo el pastor Samuel Kobia, que dirige el Consejo Mundial de Iglesias, y a quien podríamos atribuirle un enorme poder
espiritual despojado de cualquier cuestión político-partidista. Este pastor dijo cosas muy claras, como por ejemplo las siguientes: «Todo el mundo sabe que la deuda argentina fue pagada varias veces mientras el pueblo continúa en la pobreza. La llamada deuda externa de la Argentina es ilegítima y no es ética.
«Estamos convencidos de que la deuda ilegítima, una vez que se establezca como tal, puede no ser reembolsada, especialmente si se determina que no fue usada en beneficio del pueblo, que tiene la responsabilidad de pagarla.» Estos conceptos sinceramente parecen ser una copia de nuestro proyecto.
Kobia también señaló: «No es justo que haya chicos que no tengan qué comer para que el país pague una deuda ilegítima.
«El FMI y los acreedores estaban al tanto de que el sistema de gobierno era dictatorial y, sin embargo, continuaron otorgando préstamos. ¿Cómo pueden pretender que ese dinero sea devuelto? Es, ante todo, una cuestión ética.» (Aplausos.)